Núm. 29 (2022): Anuario de Espacios Urbanos, Historia, Cultura y Diseño

Entre los años 2016 y 2017 se materializó la más reciente reforma de la capital mexicana. De manera específica, el 29 de enero de 2016 se publicaron las adecuaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma Política de la Ciudad de México que permitieron, a partir de septiembre de ese año, se estableciera la Asamblea Constituyente, órgano que aprobaría la Constitución Política de la Ciudad de México el 31 de enero de 2017, publicada el 5 de febrero en la Gaceta Oficial del gobierno de la ciudad. Este hecho está cargado de una historia político-cultural que se remonta, al menos, cuatro décadas atrás. Durante los ochenta –la llamada década perdida–, se desdoblaron las tensiones entre distin-tos grupos ciudadanos y el gobierno (federal-local) que se expresaban desde 1968. Estas se incrementaron desde los sismos de 1985 y las elecciones de 1988, y condujeron en la escena política local a la articulación de algunas de las izquierdas en un nuevo partido político, así como a la conformación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (ARDF) como primer órgano de representación lo-cal (1988-1997). En la ARDF se promulgó en 1994, el primer Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Tres años después, en 1997, la ARDF se convirtió en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) (1997-2018) y se realizaron las primeras elecciones para Jefe de Gobierno del Distrito Federal -borradas desde la promulgación de la Ley Orgánica del Distrito y de los Territorios Federales de 1928-. Con la Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), la ALDF dejó su lugar al Congreso de la Ciudad de México en 2018. Así, la Constitución local representaba el punto de vanguardia en un proceso de cambio complejo, conflictivo y, en ocasiones, contradictorio para la capital mexicana. Durante este trayecto de reforma, la ciudad pasó de 8,831,079 de habitantes en 1980 a 9,209,944 en 2020, una tasa relativamente baja que contrasta con el crecimiento en viviendas que pasarán de 1,754,727 a 2,756,319. A nivel metropolitano, la extensión territorial de la urbanización pasó de 61 mil a 235 mil hectáreas, y la población dará un salto de 14.2 millones de habitantes en 1980 a 21.8 millones en 2020. Este proceso de urbanización se estructuró de manera desigual, lo que robusteció la segregación en la capital, con una población en situación de pobreza que se acentúa (30% y otro 36% en vulnerabilidad por ingresos o carencias sociales) (Coneval, 2018), además del aumento en la percepción de la inseguridad (ENSU-INEGI). A pesar de la terciarización de la ciudad, la cuestión ambiental continuó siendo crí­tica; la gestión del agua y residuos sin solución; el consumo de energía aumentó; es decir, un escenario de colapso que contrasta con el auge del capital inmobiliario financiero en la producción de la ciudad. Ante este contexto –y pese a que el tiempo transcurrido del más reciente marco normativo de la ciudad es corto–, este número del Anuario de Espacios Urbanos estima relevante hacer un alto en el camino para reflexionar desde distintos puntos de vista en torno a los principios y mandatos de la Constitución Política de la Ciudad de México y evaluar cuáles han sido sus efectos en la realidad urbana.Los artículos que componen el dossier: “A 5 AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO” ofrecen un panorama reflexivo y analítico sobre algunos de sus efectos, impactos e improntas en sus primeros cinco años por medio de tres ejes temáticos: la Constitución y los derechos humanos en la ciudad, los retos de la ciudad desde la Constitución y la Constitución y la planeación de la ciudad. El primer artículo de Guillermo Ejea Mendoza, “Constitución, desigualdad y desequilibrio territorial”, analiza la incidencia de la Constitución Política de la Ciudad de México en la transformación estructural de la capital. A partir de la revisión de diversos documentos y de los proyectos del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, subraya el cambio relativo en la manera de concebir al desarrollo urbano respecto a los gobiernos anteriores. En ese sentido, el poder estatal ha retomado la conducción para no dejarlo todo al mercado, pese a ello, el impulso al desarrollo social, económico y urbanístico se ha enfocado en la zonas centrales y consolidadas. En consecuencia, señala el autor, es contradictorio que igual que en años anteriores, las mismas zonas sean excluidas de este nuevo modelo de desarrollo urbano. Lo que falta en todo caso es dar cumplimiento a esos nuevos ideales y hacer que la justicia social y económica estén ligadas con la justicia territorial. En “Ciudad pluricultural: Límites y alcances del reconocimiento de derechos en los pueblos originarios de la Ciudad de México en la constitución local, las leyes secundarias y los actos de gobierno”, Martha Angélica Olivares Díaz y Alejandro Velázquez Zúñiga examinan los retos y obstáculos que han tenido que enfrentar los pueblos y barrios originarios, de manera particular en la alcaldía de Xochimilco. Uno de los problemas centrales, dicen los autores, radica en la formulación de leyes secundarias que derivan en el desconocimiento de la diversidad cultural. Con todo, los pueblos originarios logran avanzar en sus demandas a pesar del poder del Estado. A pesar de su reciente creación, el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México ha tenido que enfrentarse a algunas disyuntivas “para hacer de la planeación un ejercicio legítimamente democrático”. En este sentido va el análisis del artículo de Jasmin Anavel Monterrubio Redonda en “Dilemas del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México para la democratización del proceso de planeación de la ciudad”. La autora sostiene que para su funcionamiento deben considerarse algunas variables: la gestión, la organización de los equipos para atender a los distintos actores y la definición de otros escenarios participativos. Pese a eso tal parece que el Instituto fue creado solo para dar cumplimiento al tema administrativo más que procurar una verdadera transformación. Miguel Ángel Ramírez Zaragoza en “El derecho a la ciudad en la Ciudad de México. De la carta a la Constitución: 2007-2017” plantea la relevancia de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad y su inclusión en la Constitución Política de la Ciudad de México. Destaca la importancia de la participación social como eje articulador para hacer valer ese derecho. Pero a pesar de haber creado el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, no se han confeccionado las estrategias adecuadas para impulsar el ejercicio pleno del derecho a la ciudad. Juana Martínez Reséndiz en “Desarrollo urbano y derecho al cuidado en la Constitución Política de la Ciudad de México. Aportes para su discusión” examina los problemas a los que se enfrentan las mujeres en las actividades de cuidado en el contexto del desarrollo urbano. Expone la necesidad de modificar el enfoque respecto al trabajo doméstico y de cuidado adjudicados únicamente a las mujeres, los cuales son actividades no remuneradas. El objetivo es que esto adquiera una dimensión legislativa y la Ciudad de México se convierta en una ciudad de cuidados. En la sección de Artículos de investigación sobre el fenómeno urbano, dos aportaciones ponen la mirada en la dimensión metodológica. Por un lado, Giovanni Marlon Montes Mata y Rafael Monroy Ortiz, en el texto “Entre hedores fecales urbanos, miseria y enfermedades intestinales en Cuernavaca”, analizan la estructura urbana subdesarrollada de la ciudad de Cuernavaca la cual vierte las aguas residuales sin mediar tratamiento a las barrancas. De manera particular, examinan la correspondencia entre pobreza, enfermedades intestinales y aguas residuales contaminadas. Exponen el modo en cómo ha sido concebido el saneamiento y su vinculación con el deterioro ambiental y la salud de los habitantes. Los autores concluyen que de solucionar el problema traería beneficios fiscales, ambientales y de salud pública. Por otro lado, Christof Göbel y Elizabeth Espinosa Dorantes en “Razones del caminar en el centro y la periferia de la Ciudad de México (CDMX)” proponen que la ubicación de los espacios y la percepción de estos incide en los usuarios. Ofrecen tres casos de estudio: el fraccionamiento del Condado de Sayavedra y la colonia popular El Molinito, los cuales serán comparados con el corredor peatonal Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México. En su trabajo concluyen que la ubicación, la valoración del espacio público y la percepción del territorio condiciona la posibilidad de realizar un recorrido peatonal. La sección de Reseñas de publicaciones ofrece dos revisiones a libros que proponen una mirada crítica a los procesos de reproducción urbana más recientes. En primer lugar, Blanca Rebeca Ramírez Velázquez realiza una revisión detallada sobre la obra “Multiterritorialidades del Neoliberalismo. Experiencias en la Ciudad de México” coordinada por Carmen Valverde, Luliana López Levi y Carla Filipe Narciso. Enseguida, Lisett Márquez López hace lo propio con el libro “Ciudad en disputa. Política urbana, movilización ciudadana y nuevas desigualdades urbanas”, coordinado por Francisco Javier de la Torre Galindo y Blanca Rebeca Ramírez Velázquez. El número cierra con la Entrevista especial que los coordinadores editoriales del AEUHCD sostuvieron con Enrique Ortiz Flores, un referente en las luchas sociales por la justicia socioespacial en México, América Latina y el mundo. El encuentro con Enrique Ortiz aporta elementos reflexivos, críticos y propositivos sobre los retos y las posibilidades de la Constitución Política de la Ciudad de México. María Esther Sánchez Martínez Francisco Javier de la Torre Galindo